Este video grafica, en buena medida, la acción conjunta del Estado-ENERGUATE para escarmentar a las y los usuarios empobrecidos que se resisten a pagar los arbitrarios cobros de electricidad. Se constata que en este “caos socioenergético” los principios básicos de la justicia se difuminan ante la prepotencia y la avaricia de una empresa que lucra incluso con la miseria y la desgracia de los pueblos.

 

Guatemala es uno de los primeros países de Abya Yala que se iluminó con la ilusión de la Segunda Revolución Industrial (energía eléctrica).

En 1881, en los EEUU., Thomas Alba Edison, crea la primera bombilla de luz, y en 1886, en la Finca El Zapote, Guatemala, se ponía en marcha la primera hidroeléctrica del país. Años después se creó la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA, actualmente propiedad de la Empresa Pública de Medellín).

En 1928 se crea, en el Departamento de Quetzaltenango,  el primer tren eléctrico de toda América Latina, con un recorrido de 44 KM. ¡Aunque Ud. no lo crea!.

Pasó casi un siglo de aquella primera y única experiencia de tren eléctrico en el país, y el acceso a la electricidad domiciliaria continúa siendo un “calvario creciente” para las grandes mayorías sociales, en especial en el área rural.

Con los procesos de privatización de la generación de electricidad, Guatemala aumentó bastante la generación de electricidad, al grado que exporta casi el 20% de su producción total promedio. Aunque, miles de hogares guatemaltecos viven en la oscuridad, fuera del alcance del tendido eléctrico del país.

La privatización de la distribución de la energía eléctrica prometió al país “la reducción del precio de la electricidad para los usuarios”, pero, más al contrario, el precio de la energía eléctrica para la economía de las familias rurales aumentó en más de 200% en relación a los precios de la segunda mitad de la década de los 90 del pasado siglo cuando dicho servicio era distribuido por empresa estatal. En la actualidad, Guatemala tiene una de las energías eléctricas más caras de todo el Continente

Privatización de la distribución eléctrica, y la generación del conflicto socioenergético

Las arbitrariedades y abusos cometidos por la empresa distribuidora de electricidad ENERGUATE (Deocsa y Deorsa), actualmente de propiedad de un consorcio norteamericano, que monopoliza la distribución domiciliaria en 20 de los 22 departamentos del país, generan uno de los conflictos sociales eléctricos inéditos muy pocas veces visto en América Latina.

Centenares de comunidades indígenas y campesinas, al verse apabulladas por las astronómicas facturas de luz que no consumen, y ante la actitud permisiva y complaciente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) con dichos abusos, se organizan, se declaran en resistencia (en base al Art. 45º de la Constitución Política), anulan sus medidores y se conectan directamente. Se resisten a pagar “las abusivas facturas” a la empresa, y exigen la renacionalización de dicho servicio.

Este “fenómeno social” de “resistencia energética comunitaria”, ya supera una década de existencia. En ese período, los diferentes gobiernos nacionales de turno, jamás tuvieron la voluntad política necesaria para buscar una solución a este creciente y constante conflicto social.

Castigar a la resistencia comunitaria y subsidiar a ENERGUATE

Quizás las acciones gubernamentales más visibles para enfrentar este conflicto energético fueron: la creación de la Fiscalía Especial contra el Hurto de Fluidos (integrado por 5 agentes fiscales) y la constante transferencia de subsidios económicos a la empresa ENERGUATE (en 2019, el subsidio fue de 88 mil dólares, y en 2020 fue de 120 mil dólares).

Como consecuencia de estas irresponsables acciones de los gobernantes, se generó una sistemática estigmatización, persecución, criminalización y asesinatos selectivos de varios dirigentes de las comunidades organizadas en resistencia.

Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuál es la real magnitud económica y social de este “caos socioenergético” en el país, se conoce que muchas de las comunidades en resistencia energética se encuentran articulados en el movimiento indígena campesino Comité de Desarrollo Campesino CODECA. Movimiento que exige al Estado no sólo la nacionalización de la energía eléctrica, sino de todos los bienes y servicios privatizados.

Este video grafica, en buena medida, la acción conjunta de Estado-ENERGUATE para escarmentar a las y los usuarios empobrecidos que se resisten a pagar los arbitrarios cobros de electricidad. Se constata que en este “caos socioenergético” los principios básicos de la justicia moderna se difuminan ante la prepotencia y la avaricia de una empresa que lucra incluso con la miseria y la desgracia de los pueblos.