Francia nacionalizará el 100% de la energía eléctrica, ¿Y Guatemala?

Empresa de Electricidad de Francia (EDF)
Al momento que escribo esta nota, familias amigas desde el Departamento de San Marcos, Guatemala, me escriben y me cuentan que ya llevan 10 meses continuos sin energía eléctrica. En Guatemala, ni la empresa distribuidora ENERGUATE (de capital norteamericano), ni el Estado, logran restablecer el servicio. Estos sabotajes o cortes colectivos de electricidad realizados por ENERGUATE, al momento, ocurren en comunidades completas de Huehuetenango, Quiché, Jalapa.

La Primera Ministra de Francia, Élisabeth Borne, el pasado 6 de julio, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional, anunció que el gobierno de Emmanuel Macron, como parte de su estrategia hacia la soberanía energética, renacionalizará el 100 por ciento de la energía eléctrica en Francia.

Al momento, casi el 84% de las acciones de la Empresa de Electricidad de Francia (EDF) es controlada por el Estado. Con la renacionalización anunciada por Borne, el Estado francés controlará el 100% de las acciones de esta empresa que gestiona la electricidad en el país.

El motivo principal para tomar esta decisión «antineoliberal» en el país origen de la «libertad empresarial» es: las sanciones económicas que el gobierno norteamericano y la Unión Europea impusieron a Rusia están destrozando también a Francia.  Lo de «transitar hacia la energía limpia» es sólo una muletilla europea.

Con esta decisión, el gobierno de Macron intenta recuperar para Francia su soberanía energética venida a menos en la era neoliberal. Y, con seguridad, el resto de los países europeos irán por la misma ruta. Sin «luz propia» nadie brilla con soberanía.

Otro país que avanza tras el sueño de la restauración de su soberanía energética es México. El gobierno de Andrés Manuel López, también en el marco de la crisis energética global, hace grandes esfuerzos porque el Estado vuelva a controlar la industria hidrocarburífera y eléctrica de México.

Bolivia avanzó en la recuperación de su soberanía energética, y al momento ya «brilla con luz propia», fabrica el abono e ingredientes agrícolas necesarios para sus agricultores (la segunda planta de urea en construcción será para exportación a países vecinos)

Venezuela, Nicaragua, Cuba, Honduras… tienen control total de la distribución de la electricidad, y no sufren «apagones eléctricos constantes» como padecen los países como Guatemala, Perú…, donde las empresas eléctricas privadas, distribuidoras de electricidad, deciden cuándo y quiénes deben tener electricidad, y quienes no.

Al momento que escribo esta nota, familias amigas desde el Departamento de San Marcos, Guatemala, me escriben y me cuentan que ya llevan 10 meses continuos sin energía eléctrica. En Guatemala, ni la empresa distribuidora ENERGUATE (de capital norteamericano), ni el Estado, logran restablecer el servicio. Estos sabotajes o cortes colectivos de electricidad realizados por ENERGUATE, al momento, ocurren en comunidades completas de Huehuetenango, Quiché, Jalapa.

Según informes oficiales, difundidos por los medios corporativos, más de 36 mil apagones al año ocurren en toda Guatemala, país cuyo territorio es apenas del tamaño de un Departamento o Municipio de algunos países de Abya Yala del Sur.

Guatemala está catalogada como uno de los países económicamente más desiguales del Continente, donde las familias ya empobrecidas pagan una de las energías eléctricas más caras del mundo (cuyo monto representa hasta el 25% del ingreso mensual de las familias rurales).

En Guatemala, la distribución de la electricidad domiciliaria está monopolizada por la empresa ENERGUATE (con serias denuncias judiciales) y por la empresa pública municipal EPM de Colombia. En este país centroamericano, más del 75% del total de la energía eléctrica es generada por los bienes comunes «renovables» del país, pero privatizadas.

El movimiento sociopolítico CODECA, desde hace más de una década atrás, viene planteando la renacionalización de la electricidad para la soberanía eléctrica de Guatemala. Pero, por plantear esta política pública, en los últimos tres años, asesinaron 24 defensores/as del derecho a la energía eléctrica pertenecientes a este movimiento.  

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