Las Rondas Campesinas en el Perú, surgieron ante la ausencia de la seguridad estatal. Nacieron para auto protegerse de la constante asechanza de la delincuencia común, en especial el abigeato. Aunque algunos investigadores urbanos anclan el origen de las rondas a la década de los 70 del pasado siglo, como efecto de la fallida Reforma Agraria de 1969, los mecanismos de proveerse seguridad comunal en el Ande son tan milenarios como las civilizaciones mismas que las poblaron.
Como no podía de ser de otra manera, el ausente Estado peruano racista, casi al finalizar la década de los 80, cuando los grupos subversivos (Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) lo acorralaban en el área rural, echó mano de las rondas campesinas. El Ejército entregó carabinas viejas para repeler el avance de los “terrucos”. Luego, en 1987, mediante Ley, reconoció a las Rondas Campesinas como estructuras comunitarias para la autoprotección comunitaria.
En la Constitución Política de 1993, en el artículo 149, se le faculta a las rondas el rol de co gestores de la administración de justicia comunal por parte de las comunidades campesinas y comunidades nativas en sus territorios.
En 2001, el Congreso de la República, aprobó la Ley de Rondas Campesinas en la que establece: Las Rondas Campesinas son organizaciones comunales, democráticas y autónomas, con personería jurídica propia del derecho privado que velan por sus intereses colectivos e individuales (Art. 2)
En 2009, la Corte Suprema del Perú estableció que las facultades de administración de justicia reconocidos a los pueblos indígenas también son extensivas a las Rondas Campesinas. Desde entonces, las y los ronderos en asamblea se constituyen en jueces para conocer y solventar los casos que se les presente en su territorio, y cuidando el cumplimiento de los derechos humanos.
Así fue como aquellas prácticas comunales de proveerse seguridad comunal (fuera del sistema ordinario), en un Estado racista como es el Perú, se convirtió en una organización legalmente reconocida. Y, luego de la guerra victoriosa contra el “terrorismo”, jurídicamente las rondas transitaron de ser simples vigilantes a ser jueces con facultades judiciales.
En la actualidad, según Santos Saavedra, Presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú (CUNARC), son al rededor de millón y medio de ronderos afiliados, organizados en 12 comités regionales, distribuidos en 22 de las 26 regiones del Perú.
De vigilantes comunitarios a sujetos sociopolíticos
La situación creciente de la ausencia o retirada del Estado de Derecho de nichos territoriales amplios del país, incluso en o de los territorios urbanos, obligó a las rondas a irradiar su ámbito organizativo hacia las zonas urbanas, siempre para proveer lo antropológicamente elemental: seguridad/justicia.
Pero esta irradiación organizativa, en el contexto nacional de anomia político, no fue únicamente a nivel geográfico o sociológico, sino también a nivel de la constitución del sujeto rondero. El rondero, al parecer, ya no será más únicamente un vigilante.
En los últimos meses, acelerado con la instauración y afianzamiento del gobierno de facto actual, las Rondas Campesinas y Urbanas decidieron transitar de ser sujetos sociales a constituirse en sujetos sociopolíticos, con un instrumento político propio para disputar el poder en las urnas a los gamonales de la política peruana, y construir un Estado plurinacional. Denominaron a su organización política, Unidad Popular (UP), con la que se preparan para participar en las próximas elecciones generales del país.
Se escucha la comunalidad, la plurinacionalidad, la defensa de la Madre Tierra como los elementos centrales del relato ideológico/filosófico de esta nueva organización política que reivindica, aparte del legado milenario de las comunidades indígenas, campesinas y nativas, el repertorio del pensamiento de Tupac Amaru/Micaela Bastidas, José Carlos Mariátegui, César Vallejo, José M. Arguedas y otros