El actual despliegue político judicial que ocurre en Guatemala, desde el epicentro del propio Estado, en contra de las y los guatemaltecos de buena voluntad que luchan contra la corrupción, es una constatación que el problema no radica en “funcionarios corruptos”, sino en el mismo bicentenario Estado nación corrupto “anti derechos”.

Mientras sectores populares, incluso con expresiones festivas, protestan contra la corrupción, en las calles, ya por más de un mes continuo, exigiendo la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras, y de otros dos funcionarios judiciales, acusados de “golpistas”, la corrupta maquinaria estatal implacable tritura derechos constitucionales de quienes se le opongan a su voluntad.

En cuestión de horas, ante la insistencia de la OEA/EEUU de denunciar al bando de los corruptos desobedientes a Washington, este bando, en ejercicio del poder estatal, designó 13 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ, para 10 meses de funciones), conformó la Comisión Investigadora para juzgar a 8 magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Además de acelerar el debate para la aprobación del Presupuesto General de Nación (PGN, 2024).

En simultáneo y acelerado, la CSJ saliente abrió proceso de antejuicio contra el Director de Registros de Ciudadanos, por “abuso de autoridad”, por haber negado la inscripción del partido político Prosperidad Ciudadana, para las recientes elecciones generales 2023.

El Ministerio Público (MP), para “desconcentrar” las protestas sociales contra el Congreso de la República, con órdenes judiciales contra 28 denunciados, procedió a allanar domicilios y a aprehender a los denunciados por “sedición” en el caso de las protestas contra el cuestionado proceso electoral de Rector en el Universidad San Carlos, en 2022.

Además, el MP solicitará retirar la inmunidad parlamentaria al actual Diputado Bernardo Arévalo, presidente electo, y a otros diputados del partido Semilla, con miras a impedir la toma de mando presidencial, establecida para el próximo 14 de enero.

Ya están en proceso investigaciones contra dirigentes campesinos e indígenas que convocaron o dirigieron el reciente paro nacional indefinido exigiendo el “respeto de la democracia”.

¿Por qué el Estado despliega su maquinaria contra los “héroes de la democracia”?

De eso se trata. Del Estado. No de funcionarios. Y, desde hace algunos años atrás desde sectores populares indocampesinos se viene denunciando que el Estado nación es un fracaso o fraude para las grandes mayorías país, y que el camino de salida a dicha crisis estatal es un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional (ACPP). Incluso existen propuestas temáticas para ser abordados como parte del contenido para la nueva Constitución Política Plurinacional.

Pero, ni el partido Semilla, ni Bernardo Arévalo, ni los indígenas movilizados “héroes de la democracia” patronal, mucho menos el sector urbano anti corrupción, se quieren dar la “oportunidad” de imaginar otro país, otro Estado, otro ordenamiento jurídico… ¿racismo? ¿miedo al cambio? ¿sospecha a perder privilegios imaginarios?

En esta dolorosa postergación de los cambios estructurales profundos, para un nuevo país y nuevo Estado Plurinacional, tiene amplia responsabilidad el injerencismo norteamericano que cada cierto tiempo va creando “calmantes sociales” “digeribles” para los pueblos de Guatemala.

Lo último evidente y vergonzoso para los pueblos aborígenes fue la “revolución maya” de octubre pasado exigiendo la restauración de la democracia corrupta patronal, y la reoxigenación del racista Estado criollo, lejos de impulsar el proceso Constituyente Plurinacional.

En estas revoluciones de colores o folclóricas, la oligarquía corrupta momentánea e internamente enfrentada, y los actores norteamericanos siempre salen ilesos. Quienes sufren son los actores subalternos que “guerrean” por restaurar la finca del Estado nación y su democracia patronal.

2015, y su doloroso epílogo, con decenas de actores subalternos en el ostracismo o criminalizados actualmente, tiene que ser una lección performativa para no seguir agotando las luchas en demandas destituyentes. Pueblos de Guatemala deben constituir un Estado Plurinacional,  nuevas instituciones, nuevos ordenamiento jurídico, nuevos proyectos de vida, ojalá mediante un proceso Constituyente.