El 28 de mayo, el Día Mundial del Hambre nos confronta con una realidad inaceptable: millones de personas continúan sufriendo las consecuencias devastadoras de la inseguridad alimentaria. Actualmente, se estima que 2.4 mil millones de personas en el mundo padecen inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que no tienen acceso constante a alimentos nutritivos y suficientes. De estas, alrededor de 735 millones sufren hambre crónica, una cifra que ha repuntado significativamente en los últimos años, borrando el progreso logrado en décadas anteriores. Mientras, cerca del 40% de la comida se tira a la basura, en el mundo del comercio de alimentos, para no afectar a la ley de «oferta y demanda».
Las causas de esta crisis son multifacéticas y profundamente interconectadas. Los conflictos armados y la inestabilidad política son los principales impulsores, interrumpiendo la producción y distribución de alimentos, desplazando poblaciones y destruyendo infraestructuras vitales. La crisis climática agrava la situación, con sequías prolongadas, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos que devastan los cultivos y los medios de vida, especialmente en regiones dependientes de la agricultura. A esto se suman las crisis económicas y los choques inflacionarios, que disparan los precios de los alimentos y reducen el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables. Finalmente, las desigualdades estructurales y la pobreza sistémica son el caldo de cultivo del hambre, perpetuando un sistema donde la riqueza y los recursos se concentran en pocas manos.
La perspectiva de género es crucial: las mujeres y las niñas son desproporcionadamente afectadas por el hambre. En muchas sociedades, son las últimas en comer y las primeras en sufrir escasez, además de cargar con la mayor parte del trabajo de cuidado y la responsabilidad de la alimentación familiar, a menudo con recursos limitados. El 60% de personas con hambre en el mundo son mujeres.
Desde una perspectiva de pueblos, las comunidades indígenas y los grupos minoritarios enfrentan mayores tasas de inseguridad alimentaria debido a la marginación histórica, la pérdida de tierras ancestrales y la discriminación. Geográficamente, el África subsahariana y el sur de Asia siguen siendo las regiones más afectadas, albergando la mayor parte de la población con hambre crónica.
Abordar esta crisis requiere soluciones sistémicas y transformadoras. Es imperativo avanzar hacia una redistribución equitativa de la tierra cultivable, reconociendo y protegiendo los derechos de las comunidades locales sobre sus territorios. La asistencia y el fortalecimiento de la agricultura indígena y campesina son esenciales, ya que estas prácticas suelen ser más sostenibles y resilientes, además de preservar la biodiversidad y los conocimientos ancestrales. Más allá de la caridad, la opción prioritaria debe ser la producción y distribución equitativa de alimentos en el mundo, desmantelando los sistemas que privilegian la ganancia sobre la necesidad y garantizando que todas las personas tengan el derecho a una alimentación adecuada. Solo así podremos aspirar a un mundo donde el hambre sea cosa del pasado y no una realidad del presente.