El 28 de julio de 1821 marcó un hito en la historia de lo que llamamos el Perú criollo, pero para muchos, la proclamación de la independencia criolla no fue un acto de liberación, sino una sentencia de colonialismo continuado. Doscientos cuatro años después, Perú sigue inmerso en un profundo colonialismo interno, un sistema violento y racista que persiste a pesar de las celebraciones de «civismo republicano». Esta realidad es brutalmente evidente para los pueblos aborígenes marginados y castigados por el Estado colonial republicano como si fuesen sus enemigos internos.
La violencia de este colonialismo interno ha alcanzado niveles alarmantes bajo el régimen del gobierno actual. Los pueblos y comunidades indígenas claman por justicia para sus muertos y presos políticos, víctimas de un sistema que opera con un racismo criminal.
Las protestas, motivadas por la defensa de sus territorios, derechos y bienes comunes, han sido brutalmente reprimidas, dejando un rastro de dolor y sufrimiento que el Estado bicentenario ignora. Las vidas indígenas parecen tener menos valor en esta lógica colonial.
Por ello, el 28 de julio, lejos de ser un día para el alarde cívico o el cinismo, debe ser una fecha de profunda reflexión y, más importante aún, de acción. Es el momento de exigir e impulsar activamente los procesos de descolonización y liberación de los territorios que han sido históricamente ocupados y saqueados. El Estado «gamonal» y las empresas transnacionales continúan explotando los territorios y bienes comunes de los pueblos originarios, perpetuando un modelo extractivista que destruye ecosistemas y culturas.
La verdadera independencia de los pueblos del Perú sólo se logrará desmantelando este colonialismo interno bicentenario, reconociendo, ejerciendo los derechos y la autonomía de los pueblos. Este 28 de julio debe ser un catalizador para la resistencia descolonial y la articulación de esfuerzos que permitan construir un país verdaderamente descolonizado y justo para todos los pueblos que cohabitan en el llamado Perú.