Desde el Anexo de Mujeres de Chorrillos, la ex jefa del gabinete de ministros de Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino, ha lanzado un desafío existencial al Estado peruano. Encarcelada desde hace meses, su situación ha escalado a una crisis humanitaria que culminó con el anuncio de una huelga de hambre seca, una protesta extrema que pone en riesgo su propia vida.
El calvario de Chávez no es reciente. Sus denuncias de violencia y hostigamiento por parte de las autoridades del centro penitenciario han sido constantes. La ex funcionaria ha relatado un patrón de abusos, que incluyeron golpes y moretones con los que apareció en una de sus audiencias públicas, lo que generó un escándalo a nivel nacional. A esto se sumó la inexplicable expulsión de su abogado defensor durante el juicio y la denuncia de que, por su tratamiento médico, la llevaban a las audiencias «casi dopada».
En este contexto de desesperación y presunta vulneración de sus derechos, Betssy Chávez ha tomado una medida drástica. En una carta pública, no solo se despide de su familia y amigos, sino que también establece su última voluntad: si muere en la huelga, pide que su cuerpo sea cremado y sus cenizas esparcidas en su natal Tacna.
Este acto de protesta va más allá de un simple reclamo personal. Con su salud y su vida como únicas herramientas, Chávez busca desafiar al sistema judicial peruano y exponer lo que considera una falta de justicia y derecho, no solo para ella, sino para lo que denomina «presos políticos».
La huelga de hambre seca es una declaración de principios, una forma de obligar a la sociedad a confrontar las condiciones de su encarcelamiento y las acusaciones de abuso de poder. La decisión de Betssy Chávez no solo la sitúa como protagonista de su propio drama, sino que también la transforma en un símbolo de la lucha contra un sistema que, según ella y sus seguidores, la ha acorralado. Ahora, la respuesta del Estado peruano y la reacción de la opinión pública determinarán el desenlace de esta dramática historia.