La administración del presidente Bernardo Arévalo en Guatemala, a pesar de haber asumido el poder con un fuerte mandato anticorrupción y el respaldo de amplios sectores sociales, enfrenta crecientes críticas por el incumplimiento de promesas, la continuidad de prácticas cuestionables y la aparente inacción ante problemas estructurales. Sin embargo, el clamor por su renuncia, que en coyunturas anteriores paralizó al país contra gobiernos señalados por mucho menos, brilla por su ausencia, especialmente entre organizaciones indígenas, campesinas y la progresía mestiza que lo apoyaron.
La deuda social y el desencanto temprano
A menos de un año de gestión, se multiplican las señales de un desencanto:
Corrupción persisten: A pesar de la bandera anticorrupción, el gobierno enfrentó la renuncia de un Ministro de Gobernación con denuncias de cobro de coimas, indicando que el «pacto de corruptos» no ha sido desmantelado.
Obras públicas e infraestructura: Con el presupuesto general más alto de la historia, la queja generalizada es la destrucción del sistema caminero y la falta de obras públicas visibles, una crítica recurrente de gobiernos anteriores.
Represión selectiva: La denuncia de encarcelamiento de indígenas que en su momento fueron base de apoyo arevalista, la criminalización de defensores de derechos humanos y la continuidad de desalojos de comunidades campesinas chocan frontalmente con el discurso de cambio y progresismo del Movimiento Semilla.
Promesas incumplidas: La promesa central de combatir la corrupción y la impunidad, aunque ha tenido gestos (como la creación de una comisión anticorrupción), se ve mermada por la incapacidad de remover a figuras clave como la Fiscal General, Consuelo Porras, y una ejecución limitada en áreas sociales y de salud.
Las razones del silencio progresista y social
La pregunta clave es por qué los movimientos sociales —en particular los indígenas, campesinos y la progresía urbana— que fueron cruciales en el apoyo a Arévalo (especialmente durante la defensa de la transición democrática), no están exigiendo su renuncia o un cambio de rumbo más radical, como lo hicieron con presidentes como Otto Pérez Molina o Jimmy Morales:
«El Mal Menor» y la defensa de la democracia:
Existe un temor real de que exigir la renuncia de Arévalo, incluso por motivos válidos de incumplimiento, abriría la puerta a un regreso del sector más reaccionario y del «Pacto de Corruptos» que intentó anular su elección. La prioridad de estos sectores parece ser la defensa institucional de la democracia amenazada por el Ministerio Público y otros poderes fácticos, lo que implica proteger al presidente electo, aun a costa de su gestión.
Cooptación y absorción de liderazgos
La crítica más dura sugiere que una parte de los liderazgos indígenas y campesinos ha sido cooptada por el Estado. Al recibir salarios y puestos directivos dentro de la administración pública o en entes relacionados, las organizaciones reducen su capacidad de crítica radical, contentándose con la inclusión burocrática en lugar de la transformación estructural.
Dependencia de la aprobación internacional:
La progresía mestiza urbana, que fue una base de apoyo clave, parece priorizar la validación y el espaldarazo de la comunidad internacional, especialmente de la Embajada de Estados Unidos. Arévalo sigue gozando de un fuerte apoyo internacional por ser el símbolo de la lucha contra la cooptación judicial. Exigir su renuncia podría interpretarse como desestabilización, poniendo en riesgo la aprobación política y los recursos de la cooperación externa, limitando así el espectro de las demandas «permitidas».
Desgaste y repliegue estratégico
Los movimientos sociales que se movilizaron intensamente para defender la elección de Arévalo pueden estar en un período de desgaste y rearticulación. El costo político y físico de las protestas es alto, y la estrategia ahora podría ser la incidencia política a través de canales institucionales o la espera de una mayor acumulación de fuerzas antes de un nuevo estallido social.
En conclusión, el silencio de los movimientos sociales ante los aparentes fracasos y contradicciones del gobierno de Arévalo parece ser un complejo equilibrio entre la defensa prioritaria de la institucionalidad democrática frente a sus adversarios históricos y la cooptación o dependencia de sus propios liderazgos, factores que han limitado la voz del descontento en un momento de crisis de expectativas.