El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ha huido del país con destino desconocido esta mañana, en un movimiento que se interpreta como una evasión ante los inminentes procesos penales que se ciernen sobre él. La fuga ocurre tras una grave crisis de seguridad y corrupción en el Ministerio de Gobernación (Mingob), detonada por la evasión de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18 de una cárcel de máxima seguridad.
Jiménez fue obligado a renunciar a su cargo el pasado [15 de octubre de 2025] en medio del escándalo. La renuncia se produjo luego de que uno de sus propios viceministros, José Portillo, acudiera al Ministerio Público a presentar denuncias formales por presuntos actos de corrupción de alto nivel en la cartera, incluyendo el cobro de sobornos a los pandilleros fugados, conocida como «talacha».
A pesar de la gravedad de las acusaciones y la indignación pública, el presidente Bernardo Arévalo había guardado inicialmente silencio sobre las exigencias de destitución y, posteriormente, al aceptar la renuncia de Jiménez y dos viceministros, aseguró que la decisión era meramente «política» y que no existía evidencia que vinculara a los exfuncionarios con la fuga de los pandilleros. Esta postura ha sido interpretada por críticos como una defensa de los implicados.
La partida de Jiménez, sin que exista una orden de captura pública en su contra hasta el momento, deja al gobierno de Arévalo en una posición incómoda, que ha sido tildada de «silencio cómplice» ante la huida de un alto exfuncionario señalado por corrupción y complicidad con la criminalidad organizada.
Mientras la noticia de la fuga de Jiménez se esparce, la población guatemalteca se enfrenta a una dura realidad: la crisis de seguridad y la corrupción parecen persistir, poniendo a prueba la fe que muchos depositaron en el gobierno de Bernardo Arévalo como una administración «distinta y mejor» a sus predecesoras. La falta de acción inmediata ante la huida y la previa defensa de los exfuncionarios alimenta el escepticismo sobre la prometida «transformación profunda» de la seguridad y el sistema penitenciario del país.