La condena de seis años y ocho meses de prisión impuesta al ex alcalde de San Pedro Pínula, Jalapa, José Manuel Méndez Alonso, por su participación en el asesinato del defensor de derechos humanos Luis Marroquín, ha generado un debate profundo sobre la equidad y la justicia en el sistema penal guatemalteco, particularmente en casos que involucran a figuras de poder.
Los hechos y las discrepancias
Víctima: Luis Marroquín, reconocido defensor de derechos humanos en la región, asesinado el 9 de mayo del 2018, por dos guardaespaldas del entonces Alcalde Méndez Alonso, a quien también la policía nacional encontró en el mismo carro, con las armas de fuego, minutos después del suceso.
Autor intelectual y material (según testimonio de vecinos): José Manuel Méndez Alonso, ex alcalde de San Pedro Pínula. Su rol, según se desprende del contexto, fue planificar, ordenar el asesinato.
Autor material condenado: Carlos Romero Jiménez, guardaespaldas del ex alcalde Méndez, fue sentenciado a mas de 30 años de prisión por el mismo asesinato.
Prófugo: Un segundo guardaespaldas, aún evadiendo la justicia.
El problema de la proporcionalidad
El núcleo de la crítica se centra en la marcada desproporción entre las penas. Un coautor material (el guardaespaldas) recibe una condena de 34 años, mientras que la persona señalada como autora intelectual, ordenadora y que facilitó los medios (el ex alcalde), recibe una pena cuatro veces menor.
En teoría jurídica, el autor intelectual o inductor, cuya voluntad es la causa eficiente del crimen, posee una responsabilidad moral y legal que a menudo se considera mayor o, al menos, equiparable a la del autor material. Una pena significativamente menor para quien planeó y ordenó el delito sugiere que la justicia valora menos la responsabilidad intelectual y de mando.
Mensaje al campo popular de Guatemala
Una sentencia como esta envía un mensaje contradictorio: que la participación directa en la ejecución, sin importar la posición de poder, conlleva un castigo mucho más severo que el abuso de poder para ordenar un crimen. Esto socava la percepción de justicia, especialmente en la lucha contra la impunidad y la criminalidad de cuello blanco o vinculada al poder político.
Ninguna pena devolverá la vida a Luis Marroquín. No obstante, la función de la pena es también restaurar el orden social quebrantado y asegurar que el castigo sea un reflejo justo de la gravedad del delito y del daño causado. La sensación de impunidad que deja esta sentencia, a pesar de existir una condena, es profunda para la familia de la víctima y la comunidad de defensores de derechos humanos.