La sublevación militar que inició el 13 de noviembre de 1960 fue una respuesta directa a la humillación y el servilismo de la cúpula militar de Guatemala ante los intereses de los Estados Unidos, en particular después del Golpe de Estado de 1954 que derrocó al gobierno reformista de Jacobo Árbenz. Sin embargo, las verdaderas causas de la guerra de 36 años, y que persisten hoy, son esencialmente estructurales y se resumen en:
La cuestión agraria y la exclusión económica: La concentración histórica de la tierra en pocas manos (el latifundio) y la negación de una reforma agraria profunda (como la propuesta por Árbenz que afectaba a la United Fruit Company) dejó intacta una estructura económica profundamente excluyente. La pobreza y la desigualdad siguen siendo la realidad de la inmensa mayoría de la población, especialmente la rural e indígena.
El racismo y la exclusión indígena: El Estado guatemalteco ha sido históricamente una herramienta de dominación de la élite ladina sobre los pueblos mayas, garífunas y xincas. Esta exclusión política, social y económica, marcada por el racismo, fue un factor clave que llevó a que el Ejército implementara una política de genocidio y tierra arrasada contra las comunidades indígenas en los momentos más duros del conflicto.
Autoritarismo e impunidad: La tradición de dictaduras y gobiernos militares autoritarios, sustentados por un aparato represivo, garantizó la impunidad de las élites y del establishment militar. La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 no logró desmantelar estas estructuras de poder ni asegurar la justicia plena para las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos.
El contexto geopolítico y la sublevación popular
En 1960, la Doctrina de Seguridad Nacional y la Guerra Fría justificaron la intervención estadounidense para contener cualquier atisbo de movimiento popular o reforma que pudiera interpretarse como «comunista», consolidando la figura del Ejército como el garante de los intereses geopolíticos y empresariales (como la UFCO).
La política actual de los Estados Unidos en el Caribe y el Continente, es vista por analistas en términos de una pugna por la hegemonía regional y el control de recursos estratégicos, en un contexto de cambio de orden mundial y creciente interés en el control de rutas marítimas y económicas.
¿Se crean las configuraciones para nuevas sublevaciones?
El ascenso del presidente Bernardo Arévalo, si bien fue impulsado por un voto popular masivo contra la corrupción histórica (el Pacto de Corruptos), ha sido interpretado por algunos, bajo el prisma de la geopolítica estadounidense. Independientemente de si su gobierno es «servil» a los intereses de EE. UU. o si su retórica anticorrupción se alinea con una agenda específica de Washington, lo que realmente genera las «configuraciones de posibilidad para nuevas sublevaciones desde el campo popular» son las condiciones internas no resueltas:
El recrudecimiento de las causas estructurales: Si la administración actual, a pesar de su discurso, no aborda de manera frontal y profunda la desigualdad agraria, la pobreza extrema, la exclusión indígena y la falta de oportunidades económicas (especialmente en los sectores estratégicos), las condiciones que dieron origen a la guerra seguirán agudizándose.
Frustración de las expectativas: El amplio apoyo popular que llevó a Arévalo al poder creó una gran expectativa de cambio. Si este cambio se percibe como superficial, puramente administrativo o favorable solo a intereses externos o a élites emergentes, la frustración popular podría canalizarse hacia la organización y la protesta social más radical, al constatar que el sistema político no ofrece vías reales para la transformación.
Mientras las causas históricas de exclusión y desigualdad permanezcan intactas, y el Estado guatemalteco siga siendo percibido como un instrumento al servicio de poderes fácticos (nacionales o extranjeros) en lugar de la población, el potencial de nuevas y diversas formas de sublevación popular se mantiene como una constante histórica en Guatemala.