El proceso penal que el Estado peruano sigue contra el expresidente Pedro Castillo y varios de sus exministros por los cargos de supuesta rebelión o alzamiento armado ha entrado en su fase definitoria. Más allá del desenlace jurídico particular, el juicio se ha consolidado ya como un evento de profunda resonancia política y social, cuyo impacto principal no reside en la figura del exmandatario, sino en el desprestigio total y la deslegitimación expuesta del sistema de justicia peruano.

La farsa de la rebelión y la sentencia anunciada

​Desde el inicio de las audiencias, la acusación fiscal ha sido cuestionada por su falta de solidez fáctica y narrativa en demostrar el elemento central del delito: la rebelión o el alzamiento armado. A pesar de la debilidad probatoria percibida, el clima político y la historia reciente del Perú sugieren que la condena de Castillo es altamente probable, sea en este proceso o en los diversos expedientes que se han abierto en su contra. El aparato judicial, en apariencia, está operando con la finalidad de asegurar una sanción política, independientemente de la estricta aplicación de la ley.

La vitrina del desprestigio judicial

​El verdadero drama de este proceso se ha desarrollado en las audiencias públicas, transformadas en una vitrina de las miserias bicentenarias del sistema judicial. La exposición mediática ha revelado, para una gran parte de la opinión pública, la doble moral y el servilismo político que permea a ciertos fiscales y magistrados, evidenciando una justicia selectiva y clasista. La percepción de un poder judicial que responde a intereses de grupos fácticos o élites ha alcanzado un pico crítico.

​En este teatro de la justicia, los acusados y sus abogados, en su confrontación abierta con la maquinaria estatal, han sido elevados a la categoría de héroes legendarios de la razón y de la verdad popular. Esta narrativa polarizada los sitúa como la resistencia moral frente a una racista maquinaria estatal de la calumnia, una visión que resuena profundamente en sectores sociales históricamente marginados y desconfiados del aparato estatal.

La muerte moral de la sentencia

​Como consecuencia directa de esta exposición pública de las fragilidades y sesgos del sistema, el resultado del juicio ha perdido de antemano toda legitimidad moral y valor político ante amplios segmentos de la ciudadanía. La sentencia que emitan los magistrados, sea cual sea, será vista no como un acto de justicia imparcial, sino como la culminación de un proceso político y mediático viciado. El fallo quedará registrado en la historia contemporánea del Perú como un documento que carece de consenso y aceptación social.

El rpitafio del Estado criollo

​El prolongado y mediático juicio contra Pedro Castillo y sus exministros, que ha inundado las redes sociales y la conversación nacional, se perfila como un momento de quiebre. Este proceso no solo juzga a un expresidente, sino que simboliza la crisis terminal de las estructuras de poder.

​Este juicio parece estar escribiendo el epitafio de la muerte anunciada del racista Estado criollo peruano y, por extensión, de su ilegítima Constitución Política impuesta por la banda criminal fujimontesinista. La erosión de la fe en la justicia y la constatación de un sistema institucional insalvablemente corrupto y clasista cierran un ciclo histórico, abriendo la puerta a preguntas fundamentales sobre la viabilidad y la necesidad de una refundación política y constitucional que ponga fin a las miserias bicentenarias de la república.

​El legado real del juicio a Pedro Castillo no será la condena, sino la devastación de la legitimidad de las instituciones que lo llevaron a cabo.