La declaración del presidente colombiano, Gustavo Petro, «Yo no apoyo a Maduro, pero no apoyo una invasión», encapsula la compleja y pragmática política exterior de su gobierno hacia Venezuela. Al distanciarse explícitamente del régimen de Nicolás Maduro, Petro subraya un claro rechazo a las deficiencias democráticas y a la situación de derechos humanos en el país vecino. Sin embargo, su firme oposición a una intervención militar, especialmente ante las presiones y posibles acciones por parte de Estados Unidos, establece una línea roja basada en el principio de soberanía y no injerencia. Este balance busca mantener la restauración de las relaciones diplomáticas, cruciales para la seguridad fronteriza y el manejo de la crisis migratoria, mientras rechaza cualquier apoyo tácito que pueda legitimar internacionalmente al gobierno de Maduro.
La aversión de Petro a una invasión se fundamenta en consideraciones estratégicas y el profundo impacto regional que tal acción tendría. El mandatario ha advertido que una acción militar desataría una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes en la frontera, arrastrando a Colombia a un conflicto con consecuencias económicas y sociales devastadoras. Particularmente, ha señalado el riesgo económico para el país, mencionando la potencial quiebra de Ecopetrol y el aumento de la migración. Esta postura, aunque criticada por la oposición venezolana y algunos sectores internacionales como una forma de protección al régimen, es presentada por Petro como la defensa de la estabilidad nacional y continental, promoviendo una salida política negociada que evite la violencia y el colapso del Estado venezolano.
En este contexto, la declaración de Petro se alinea con sus propuestas de facilitar una transición política dialogada en Venezuela. El gobierno colombiano ha promovido activamente iniciativas diplomáticas, como la mediación con Estados Unidos y la oposición venezolana, buscando un camino que permita la salida del poder de Maduro (posiblemente con garantías de no encarcelamiento) y la realización de elecciones libres con garantías reales. El presidente insiste en que cualquier solución debe ser soberana y evitar la exclusión de cualquier sector, ya que una salida violenta o la profundización del bloqueo solo alejaría la posibilidad de paz. De esta forma, su postura es un llamado a la comunidad internacional a priorizar la diplomacia sobre la fuerza, manteniendo un delicado equilibrio entre el rechazo a la autocracia y la defensa de la paz regional.