El proceso electoral en Honduras se encuentra sumido en una profunda crisis de legitimidad y credibilidad, configurando un escenario de limbo político con serias implicaciones para la estabilidad democrática del país. Las denuncias de injerencia externa, la controversia sobre el sistema de conteo de votos y la solicitud formal de anulación del proceso por parte del partido gobernante (Libertad y Refundación – Libre) han exacerbado la polarización y la desconfianza ciudadana.
El «desastre electoral» y la crisis tecnológica
El eje central de la crisis inmediata es el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que ha experimentado fallas y demoras significativas en el conteo de votos.
Software bajo sospecha: La empresa colombiana Grupo ASD, responsable de la implementación del TREP, ha sido señalada por el oficialismo y otros sectores por supuesta manipulación o falta de pericia, arrastrando un historial de denuncias similares en procesos electorales en su país de origen.
Anulación solicitada: El partido Libre ha solicitado formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la nulidad total de los escrutinios en el nivel presidencial, argumentando un «desastre» del sistema TREP que estaría «adulterando la voluntad popular» y violentando la transparencia. Se ha reportado que miles de actas transmitidas aparecieron con resultados «en cero» o han presentado «errores graves».
Impacto en la confianza: Las fallas técnicas han paralizado el escrutinio en un punto crítico, manteniendo una ventaja mínima para el candidato Nasry Asfura (Partido Nacional) sobre Salvador Nasralla (Partido Liberal), con la candidata de Libre, Rixi Moncada, en un distante tercer lugar. Esta parálisis no solo retrasa el resultado, sino que mina la confianza pública en cualquier resultado que se declare.
La sombra de la narcopolítica imperial
Las denuncias del partido Libre y de amplios sectores sociales van más allá de los fallos técnicos, apuntando a una intromisión geopolítica y narcopolítica que busca manipular el resultado final.
Injerencia estadounidense: Libre ha denunciado la «injerencia» y «coacción» de los Estados Unidos y de la «oligarquía» local, que habría llamado a votar por el candidato derechista Nasry Asfura. Esta narrativa se refuerza por la percepción de que Washington busca un resultado favorable a sus intereses estratégicos, especialmente en un contexto de lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
El legado de la narcopolítica: La referencia al indulto o la protección del expresidente Juan Orlando Hernández (condenado en EE. UU. por narcotráfico) se utiliza como símbolo de la supuesta complicidad entre una facción de la élite política hondureña y redes de crimen transnacional, con el objetivo de mantener un «Estado de Narcopolítica» a través del control del sistema electoral.
Estrategia de Tensión: La solicitud de anulación por parte de Libre y los llamados a la movilización y protesta buscan elevar la tensión sociopolítica. Esto podría interpretarse como una táctica para presionar por un recuento transparente o la anulación, o bien, como una respuesta a la percepción de que se está orquestando una imposición.
Conclusión: El futuro incierto
La combinación de una fragilidad institucional en el manejo electoral, la sospecha fundada sobre el software de conteo, y el contexto de injerencia y crimen organizado ha colocado a Honduras en una encrucijada peligrosa.
La solicitud de nulidad de Libre es la manifestación más clara de que el país corre el riesgo de un quiebre institucional. De aceptarse la anulación, Honduras enfrentaría una repetición electoral con un CNE desacreditado. Si se rechaza y se declara un ganador en medio de las denuncias de fraude, el país se verá inmerso en un periodo de violencia sociopolítica e ingobernabilidad.
El principal damnificado es la democracia hondureña. El sistema electoral, ya sea por negligencia, pericia deficiente, o manipulación intencionada, ha demostrado ser de dudosa calidad. Esto asegura que, independientemente de quién suceda a Xiomara Castro, el próximo gobierno nacerá bajo el manto de la ilegitimidad, heredando un país con una profunda división política y una ciudadanía que ha perdido la fe en la capacidad del voto para reflejar su voluntad. La violencia sociopolítica parece ser el camino que se busca imponer, debilitando el Estado de derecho y perpetuando la influencia de la narcopolítica.