Al cumplirse 40 años de la Constitución Política de la República de Guatemala, es imperativo realizar un análisis socioacadémico crítico sobre su vigencia y pertinencia en la realidad actual del país. Lamentablemente, estas cuatro décadas han sido testigos de un alarmante deterioro de las condiciones de vida socioeconómicas y culturales. La promesa de un orden constitucional para el bienestar integral del país ha sido opacada por una realidad cruda y desafiante.
La violencia y la corrupción se han arraigado, logrando capturar y cooptar a las entidades estatales, desvirtuando su función de servicio público. Esta penetración ha llevado a que la inseguridad y la violencia alcancen niveles sin precedentes; hoy, el número de personas asesinadas diariamente supera incluso las cifras de la guerra interna que precedió a la actual Constitución. Esta escalada de violencia es un indicador claro de que el marco legal vigente no ha logrado contener la desintegración social.
La implementación del sistema neoliberal y la consecuente liberalización de la economía han tenido efectos devastadores. La falta de oportunidades y la precarización de la vida han encaminado a ingentes cantidades de jóvenes hacia las pandillas («maras») o hacia una migración forzada en busca de oportunidades en Estados Unidos. Este éxodo juvenil no solo representa una pérdida irreparable del «bien mayor» del país, sino que también evidencia la incapacidad del modelo económico actual para generar bienestar.
En retrospectiva, es evidente que la Constitución Política de Guatemala ha sido superada por la dura y cruda realidad de la violencia, la inseguridad y la desigualdad creciente. Sus preceptos, diseñados en otro contexto, no logran dar respuesta a las complejidades del presente. A esto se suman las múltiples crisis climáticas e hídricas que azotan al país, así como la irrupción del mundo virtual y la Inteligencia Artificial, fenómenos que no están contemplados en un texto legal de hace cuatro décadas.
Ante este panorama, la urgencia de un nuevo proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional se vuelve ineludible. Es fundamental que este espacio incluya la participación de todos los pueblos que conforman Guatemala, permitiendo consensuar nuevos acuerdos y compromisos para una convivencia plurinacional y justa. Solo a través de un pacto social renovado, que nazca de las voces de la diversidad guatemalteca, se podrá construir un marco legal que realmente responda a los desafíos del siglo XXI y siente las bases para un futuro de paz, equidad y bienestar integral sostenible.