El 25 de mayo de 1993, Guatemala fue testigo de un evento que marcó un antes y un después en su incipiente institucionalidad democrática: el autogolpe de Estado del entonces presidente Jorge Serrano Elías. A 32 años de aquel suceso, es crucial reflexionar sobre qué cambió, qué permanece y si la democracia guatemalteca es más que un formalismo vacío.
El autogolpe de Serrano Elías se motivó en un contexto de profunda crisis institucional, creciente polarización política y presiones internacionales para avanzar en los procesos de paz tras el conflicto armado interno. Serrano justificó su acción, la disolución del Congreso y las cortes, como una medida para combatir la corrupción y la impunidad. Sin embargo, la movilización ciudadana, el rechazo de la comunidad internacional y la presión de sectores empresariales y militares forzaron su fracaso y posterior huida del país.
¿Qué cambió en la cultura política de Guatemala a partir de ese momento? El fracaso del autogolpe, aunque efímero, demostró la resiliencia de ciertos sectores de la sociedad civil y la importancia de la presión internacional en la defensa de la institucionalidad. Se consolidó una conciencia, aunque frágil, sobre los límites del poder ejecutivo. No obstante, la raíz de los problemas, la corrupción y la debilidad institucional, no desapareció, sino que se adaptó y se hizo más compleja. La cultura del caudillismo y la cooptación de las instituciones persistieron, manifestándose de nuevas formas.
En cuanto a la institucionalidad democrática y las condiciones de vida de las grandes mayorías, el panorama es agridulce. Si bien se restauró el orden constitucional y se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996, las expectativas de una mejora sustancial en la vida de los guatemaltecos no se cumplieron plenamente. La democracia formal se estableció, pero los problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza, la violencia y la exclusión de los pueblos indígenas han persistido e incluso se han agudizado. La cooptación del Estado por redes clientelares y criminales ha impedido que las instituciones respondan eficazmente a las necesidades de la población.
Así, la pregunta central es si Guatemala vive verdaderamente en democracia o es sólo un formalismo vacío de contenidos. La respuesta tiende a lo segundo. Aunque existen elecciones periódicas y una constitución vigente, la falta de una justicia independiente, la impunidad generalizada, la represión de la protesta social y la limitada participación ciudadana en las decisiones clave, socavan la esencia de una democracia plena. La brecha entre el marco legal y la cruda realidad socioeconómica de las grandes mayorías es un abismo que la formalidad democrática no ha logrado cerrar, dejando a la población en una constante lucha por una democracia sustantiva.