El humo que hoy asfixia los valles de la Patagonia argentina no es solo el resultado de un verano seco o de un rayo fortuito. Para quienes habitan el territorio, para las comunidades mapuches que custodian los bosques milenarios, el olor a ceniza tiene un aroma familiar y siniestro: el del negocio inmobiliario y la extranjerización de la tierra. En los últimos años, una narrativa inquietante ha cobrado fuerza en las asambleas populares y redes sociales: la presencia de intereses vinculados a exmilitares israelís y capitales extranjeros que verían en el fuego la herramienta perfecta para «limpiar» el terreno y dar paso a desarrollos de lujo.
El bosque como botín de guerra
La Patagonia no es solo un paisaje de postal; es una de las mayores reservas de agua dulce y biodiversidad del planeta. Sin embargo, la legislación argentina, a menudo laxa o directamente ignorada, prohíbe el cambio de uso de suelo en zonas incendiadas para evitar, precisamente, que se queme un bosque para construir un barrio privado. Pero la realidad en el terreno es distinta.
Las denuncias sobre la presencia de ex soldados de fuerzas extranjeras —particularmente mencionando contingentes de origen israelí bajo programas de «turismo post-militar»— han alimentado teorías sobre una avanzada de control territorial. Si bien el derecho al turismo es universal, la opacidad de ciertos movimientos en áreas estratégicas de la cordillera genera una sospecha legítima: ¿estamos ante simples visitantes o ante una avanzada de reconocimiento para capitales que buscan enclavar «estados dentro de otros estados»?
La mano criminal y el negocio del suelo
La acusación de una «mano criminal» no es un recurso literario. En muchas ocasiones, los focos de incendio comienzan de manera simultánea en puntos de difícil acceso, coincidiendo con áreas reclamadas por comunidades originarias o zonas de alto valor paisajístico que las inmobiliarias desean «desmontar» legalmente.
La narrativa que vincula a sectores del sionismo o grupos económicos vinculados a esa ideología con la compra masiva de tierras en el sur no es nueva. Desde el polémico «Plan Andinia» (muchas veces tildado de mito, pero usado como marco de referencia cultural en la zona) hasta las compras reales y masivas de magnates como Joe Lewis o los Benetton, la sensación de pérdida de soberanía es real. La sospecha de que ex militares con entrenamiento en tácticas de terreno podrían estar involucrados en la logística de estos incendios para facilitar el desplazamiento de comunidades mapuches es una de las denuncias más graves que las organizaciones sociales han puesto sobre la mesa.
El rol de las inmobiliarias de élite
Para una desarrolladora inmobiliaria, un bosque virgen es un «obstáculo» ambiental. Un bosque quemado, en cambio, es una tragedia que, con el paso de los años y la debida presión política, se convierte en un loteo premium con vista al lago.
Desplazamiento forzado: El fuego destruye el sustento de las comunidades mapuches, cuyas veranadas y zonas de pastoreo desaparecen, obligándolos a migrar a las periferias urbanas.
Desvalorización: La tierra quemada pierde valor inmediato para el Estado o el pequeño propietario, permitiendo que grandes fondos de inversión extranjeros compren miles de hectáreas a precios irrisorios.
Seguridad privada: Se reporta la proliferación de guardias privadas en campos extranjeros que actúan con una lógica militar, restringiendo el acceso a ríos y lagos públicos, un accionar que recuerda a zonas de conflicto internacional.
La resistencia Mapuche: El último muro
Las comunidades mapuches no solo luchan por la tierra en términos de propiedad privada; luchan por el Ixofillmogen (la biodiversidad y la interconexión de todas las formas de vida). Para el pensamiento ancestral, quemar un bosque es un crimen contra la espiritualidad del territorio. Por ello, son ellos quienes suelen estar en la primera línea de combate contra el fuego, pero también en la primera línea de la criminalización judicial.
Es paradójico que, mientras se señala a la comunidad mapuche como «terrorista» por defender un territorio, se guarde silencio ante la extranjerización de fronteras o la presencia de personas con entrenamiento militar extranjero operando en la zona. El discurso oficial, muchas veces influenciado por el lobby inmobiliario, prefiere culpar al poblador originario antes que investigar las rutas del dinero que financian los incendios.
Tierra arrasada para el sionismo
Si el Estado argentino no interviene con firmeza para investigar la trazabilidad de los incendios y quiénes son los verdaderos beneficiarios de la «tierra arrasada», la Patagonia corre el riesgo de fragmentarse. No se trata de una paranoia conspirativa, sino de observar quiénes compran después de las cenizas.
La protección de nuestros bosques debe ser una política de seguridad nacional. La infiltración de intereses extranjeros que utilizan la fuerza, la logística militar o la presión económica para desplazar a los habitantes históricos es una herida abierta en el sur. El fuego debe dejar de ser la herramienta de las inmobiliarias y volver a ser, si acaso, solo un fenómeno natural controlado, lejos de las manos criminales que buscan convertir el paraíso en un negocio exclusivo para pocos.