En un movimiento que ha reavivado viejas heridas diplomáticas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas ocurrido hace casi 30 años. Los hechos se remontan a 1996, cuando cazas cubanos derribaron dos aeronaves operadas por «Hermanos al Rescate», un grupo de exiliados radicado en Miami, matando a sus cuatro tripulantes (tres de ellos ciudadanos estadounidenses). En ese entonces, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de Defensa y los fiscales estadounidenses le atribuyen ahora haber ordenado directamente el ataque. Los cargos específicos incluyen conspiración para asesinar nacionales estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y destrucción de aeronaves .
Las intenciones detrás de este proceso judicial, más que un afán de justicia tardío, parecen estar profundamente entrelazadas con la política actual. La administración de Donald Trump ha endurecido significativamente su postura hacia La Habana en los últimos meses, y este anuncio coincide con un aumento de las sanciones energéticas y las declaraciones beligerantes. Cuba calificó la acusación como una «maniobra política» sin legitimidad y una «farsa» para construir una narrativa que justifique una posible agresión militar, similar al discurso utilizado antes de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela . Al presentar la imputación en Miami, en el día de la independencia cubana, Washington envía un mensaje claro a la poderosa comunidad exiliada del sur de Florida en un año electoral, mientras se especula con que esto sirva de «ficha legal» para una escalada mayor o incluso un cambio de régimen en la isla .