En Guatemala, hablar de la distribución de energía eléctrica en amplias regiones del país es hablar de una historia prolongada de inconformidad social, denuncias comunitarias, protestas y resistencia frente a las empresas distribuidoras Deorsa y Deocsa, conocidas comercialmente como ENERGUATE. Desde su privatización a finales de la década de 1990, miles de usuarios han denunciado cobros excesivos, facturación irregular, cortes constantes, deficiente atención al cliente y una infraestructura que, en numerosos territorios rurales e indígenas, continúa presentando graves deficiencias.
Las distribuidoras Deorsa y Deocsa surgieron en 1998 como resultado de la privatización de parte del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), impulsada durante el gobierno de Álvaro Arzú. Desde entonces, la empresa ha cambiado repetidamente de propietarios, convirtiéndose en uno de los negocios más rentables del sector energético centroamericano mientras persisten las quejas de los usuarios.
Una empresa vendida una y otra vez
La historia de ENERGUATE es también la historia de sucesivas transferencias de capital extranjero y grupos financieros interesados en un mercado cautivo de millones de usuarios.
Primero, las distribuidoras fueron adquiridas por la empresa española Unión Fenosa en 1998 por aproximadamente 101 millones de dólares. Posteriormente, en 2011, el fondo británico Actis compró las operaciones y creó la marca comercial ENERGUATE. Cinco años después, en 2016, Actis vendió la empresa a IC Power, vinculada a capital israelí, en una operación valorada en cerca de 588 millones de dólares entre compra y deuda asumida. Más tarde, los activos pasaron a la órbita de Inkia Energy e I Squared Capital. Finalmente, en 2023, I Squared Capital anunció la venta de ENERGUATE a Threelands Energy Ltd.
Diversos reportes de prensa y del sector energético indican que, en aproximadamente 25 años, Deorsa y Deocsa han pasado por cinco propietarios distintos.
La más reciente transferencia colocó a ENERGUATE bajo el control de Threelands Energy, un consorcio en el que participan Grupo Terra de Honduras, Banco Industrial de Guatemala y Grupo Romero de Perú, consolidando una estructura empresarial regional con fuerte influencia económica en Centroamérica. Diversos documentos corporativos confirman que Threelands Energy se convirtió en el accionista mayoritario de ENERGUATE tras la compra concretada en 2023.
Gobiernos permisivos frente a los incumplimientos
A lo largo de distintos gobiernos, las denuncias contra ENERGUATE han sido constantes. Organizaciones comunitarias, autoridades locales y usuarios han cuestionado reiteradamente la falta de sanciones efectivas frente a los incumplimientos relacionados con calidad del servicio, interrupciones prolongadas, daños en aparatos eléctricos, deficiencias en la atención y controversias por los mecanismos de cobro.
Para amplios sectores sociales existe una percepción de permisividad estatal frente a una empresa que, pese a las continuas denuncias, ha mantenido intactas sus operaciones durante décadas. Mientras cambian los gobiernos y cambian los dueños de la distribuidora, las comunidades afirman que los problemas estructurales permanecen prácticamente iguales.
Los abusos denunciados por los usuarios
Entre las denuncias más frecuentes destacan:
Cobros considerados excesivos o difíciles de justificar.
Facturación basada en estimaciones que los usuarios consideran arbitrarias.
Cortes de energía recurrentes y prolongados.
Lentitud para resolver reclamos.
Cobros acumulados tras interrupciones del servicio.
Dificultades para acceder a mecanismos transparentes de revisión de facturas.
Infraestructura deteriorada en numerosas comunidades rurales.
Estas situaciones impactan directamente en la economía familiar. Comercios pequeños pierden mercadería por apagones, estudiantes enfrentan dificultades para sus actividades académicas, centros comunitarios ven afectadas sus labores cotidianas y familias enteras deben reorganizar sus actividades debido a interrupciones constantes del suministro eléctrico.
Veinte años de resistencia comunitaria
La conflictividad social alrededor de ENERGUATE se ha convertido en uno de los conflictos socioeconómicos más prolongados de Guatemala. En departamentos como Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal y otros territorios predominantemente indígenas y rurales, se han desarrollado procesos de resistencia comunitaria que bordean ya dos décadas de existencia.
Las comunidades organizadas han impulsado protestas, recursos legales, asambleas populares, desconexiones colectivas, denuncias públicas y diversas formas de resistencia frente a lo que consideran un modelo de distribución eléctrica injusto y excluyente.
En numerosos casos, estas tensiones han derivado en procesos judiciales, órdenes de captura, confrontaciones con fuerzas de seguridad y una creciente polarización entre las comunidades y la empresa distribuidora.
La renacionalización desaparece del debate electoral
Durante varios años, dirigentes de organizaciones sociales, indígenas, campesinas y populares promovieron la renacionalización de la energía eléctrica como alternativa para resolver los problemas estructurales derivados de la privatización.
El planteamiento buscaba devolver al Estado el control de la distribución eléctrica y fortalecer el papel del INDE como garante de un servicio público orientado al bienestar colectivo y no exclusivamente a la rentabilidad empresarial.
Sin embargo, en la actual atmósfera preelectoral, ese discurso prácticamente ha desaparecido de la agenda pública. Muchos de los dirigentes que impulsaron esta propuesta ya no tienen la misma presencia política o mediática, mientras que los principales actores electorales evitan discutir de manera profunda el futuro del modelo energético nacional.
Un conflicto sin solución visible
Mientras los distintos grupos empresariales continúan obteniendo beneficios económicos mediante la operación y compraventa de ENERGUATE, millones de usuarios siguen enfrentando problemas cotidianos asociados al servicio eléctrico.
La sensación predominante en numerosas comunidades es que, pese a los cambios de propietarios, los conflictos permanecen intactos. Las protestas sociales continúan apareciendo periódicamente en distintos departamentos del país, evidenciando que el malestar acumulado durante años sigue sin encontrar una solución estructural.
A casi tres décadas de la privatización de la distribución eléctrica, Guatemala continúa atrapada en un conflicto donde unos pocos actores económicos obtienen ganancias significativas, mientras amplios sectores de la población siguen esperando un servicio eficiente, accesible y verdaderamente orientado al interés público. Las comunidades en resistencia observan el horizonte sin señales claras de cambio, mientras los apagones, los reclamos y las protestas siguen formando parte de la vida cotidiana de miles de familias guatemaltecas.