CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL.
Por: Jean Edmond Paul, Profesor, Investigador y Activista Haitiano.
La República de Haití, la primera nación libre de América Latina y el Caribe, atraviesa hoy una de las crisis institucionales, humanitarias y de seguridad más profundas de su historia contemporánea. Sin embargo, el diagnóstico que la comunidad internacional formula sobre nuestra realidad sigue siendo parcial, erróneo y, en demasiadas ocasiones, perjudicial para los verdaderos intereses de nuestra nación.
Durante los últimos años, hemos sido testigos de la disolución progresiva de nuestro Estado de derecho. La sucesión de regímenes sin mandato constitucional, la ausencia de los poderes legislativos fundamentales y la alarmante privatización de nuestra seguridad nacional han sumido a nuestra población en un estado de vulnerabilidad inaceptable. Estas medidas, respaldadas directa o indirectamente por actores externos, no han mitigado el terror; por el contrario, han profundizado el abismo de la desigualdad, el desplazamiento forzado y la violencia sistemática.
La crisis actual ha trascendido la inestabilidad política tradicional para convertirse en un colapso total del Estado. Lo que el mundo observa hoy no es el resultado de desastres naturales o de una pobreza endémica, sino el producto de una serie de rupturas inconstitucionales, la injerencia extranjera y la entrega de la soberanía nacional. Por ello, presento ante la comunidad internacional el siguiente diagnóstico sobre la caótica situación de Haití:
I. La Responsabilidad Externa en la Ruptura Constitucional
La actual crisis no es el resultado inevitable de una incapacidad interna, sino la consecuencia directa de una política de injerencia. Tras el trágico asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021, es una verdad insoslayable que el gobierno de los Estados Unidos ha orquestado y respaldado una transición política al margen de nuestra Carta Magna:
El mandato de Ariel Henry (La instauración de la ilegalidad): Estados Unidos y el mal llamado Core Group designaron y sostuvieron a Henry, quien asumió el control del Estado sin ratificación parlamentaria y gobernó sin legitimidad electoral, blindando a un gobierno de facto frente al rechazo popular.
El fracaso del Consejo Presidencial de Transición (El espejismo del consenso): Promovida desde el exterior, la creación del CPT de nueve (09) miembros resultó ser una estructura inoperante. Incapaz de pacificar el país u organizar elecciones, expiró formalmente el 7 de febrero de 2026, demostrando el fracaso de las fórmulas prefabricadas en despachos extranjeros.
El absolutismo de Alix Didier Fils-Aimé (El protectorado de facto): Tras la disolución del CPT, el actual primer ministro gobierna con poder absoluto, carente de mandato constitucional y sin control legislativo. Su permanencia se sostiene exclusivamente por el peso del respaldo diplomático de potencias extranjeras.
II. La Mercenarización del Estado: Privatización y Despojo
El régimen de facto encabezado por Alix Fils-Aimé ha sobrepasado los límites de la ilegalidad para adentrarse en la alienación absoluta de la soberanía nacional. En lugar de fortalecer a las fuerzas del Estado, se ha optado por la subcontratación de la violencia:
El Eje Washington-CARICOM: La mediación internacional ha otorgado un cheque en blanco al régimen para tomar decisiones de seguridad nacional que violan abiertamente la autodeterminación de los pueblos.
El Negocio de la Guerra con Erik Prince: El gobierno ha firmado acuerdos millonarios con conglomerados de seguridad vinculados al fundador de la extinta Blackwater, subordinando la vida humana al rendimiento financiero corporativo.
Operaciones Letales y Desprecio por la Vida Civil: El uso de drones armados y francotiradores extranjeros en zonas urbanas ha generado graves daños colaterales. Estos contratistas operan en una nebulosa de impunidad legal, sin estar sujetos a la jurisdicción constitucional haitiana.
El Despojo de la Economía Nacional: La intención de delegar funciones esenciales —como la recaudación de impuestos en aduanas— a entidades privadas constituye un acto de feudalización aduanera, reteniendo recursos públicos para saldar contratos opacos.
III. El Costo Humano del Caos y el Secuestro Democrático
Mientras los gobernantes y sus aliados internacionales firman acuerdos a puerta cerrada, el pueblo haitiano es la víctima directa de una guerra no declarada:
Secuestro territorial y crímenes de lesa humanidad: Alianzas criminales controlan entre el 85% y el 90% de Puerto Príncipe. La cotidianidad transcurre bajo la amenaza de asesinatos masivos, secuestros extorsivos y violaciones sexuales sistemáticas utilizadas como táctica de guerra.
Desplazamiento forzoso: Comunidades enteras han sido reducidas a cenizas, obligando a cientos de miles de ciudadanos a sobrevivir como refugiados en su propio país.
El bloqueo electoral: La ausencia de elecciones no es un «retraso logístico», sino una estrategia. Mantener el caos justifica la suspensión electoral, permitiendo que una clase política apátrida —que rinde cuentas únicamente a Washington y a los contratistas privados— se perpetúe en el poder.
IV. Tres Pilares para la Verdadera Pacificación
La verdadera recuperación de la República de Haití no provendrá de contratos opacos, sino de la consolidación de tres pilares fundamentales:
Restitución absoluta de la soberanía: El destino de Haití debe ser decidido exclusivamente por los haitianos. La política de intervención debe transformarse en cooperación horizontal y respeto irrestricto.
Desmantelamiento integral de la economía criminal: Es imperativo cortar el flujo internacional de armas de alto calibre. Se debe investigar, sancionar y desmantelar a los actores económicos y políticos, internos y externos, que financian y lucran con el caos.
Transición hacia un gobierno legítimo y democrático: La construcción de la gobernanza debe ser liderada, diseñada y auditada por las fuerzas vivas de la sociedad civil haitiana, la academia, la diáspora y las organizaciones de base, no por cúpulas ilegítimas.
La comunidad internacional tiene ante sí una decisión histórica: continuar respaldando el colapso institucional a través de representantes carentes de legitimidad, o alinearse con el derecho internacional. El fracaso de los regímenes de Henry, el CPT y Fils-Aimé es, en esencia, el fracaso de la política exterior estadounidense en Haití.
Haití no es un experimento fallido; es una nación de ciudadanos resilientes, intelectuales y patriotas que exigen vivir en paz y en democracia. Hacemos un llamado a la solidaridad global para acompañar a nuestra sociedad civil en la reconstrucción nacional, abandonando las prácticas intervencionistas y abrazando un futuro donde Haití vuelva a ser dueño soberano de su destino.
Por la dignidad, la vida y la verdadera independencia de Haití.
Fecha: 30 de julio de 2026