La llegada de un nuevo Fiscal General de la República despertó en amplios sectores de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, periodistas y comunidades agrarias, una profunda expectativa de transformación. Tras años marcados por una gestión institucional que muchos tildaron como la «piedra en el zapato» del desarrollo democrático y la justicia en Guatemala, la promesa de una renovación estructural parecía estar al alcance. Sin embargo, la realidad que se vive en los territorios rurales y en las judicaturas del país cuenta una historia radicalmente distinta: las estructuras profundas del despojo y la persecución judicial siguen intactas.
El caso de Leocadio Juracán, exdiputado, fundador y portavoz del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), es un fiel y doloroso reflejo de la continuidad de esta maquinaria. A casi un año de su detención en el aeropuerto (ocurrida el 13 de agosto del año pasado), Juracán se vio obligado a realizar un extenuante viaje de más de doce horas desde Sololá hasta el juzgado de Puerto Barrios, Izabal, para asistir a una audiencia de su proceso penal, el miércoles, 8 de julio reciente. La respuesta del Ministerio Público (MP) bajo la nueva administración no fue la búsqueda de una justicia pronta y cumplida, sino la utilización de la clásica estrategia de dilación: la suspensión de la audiencia argumentando la falta de una copia original de un amparo en la sala de apelaciones.
Esta táctica de desgaste no es casualidad; responde a una herencia institucional diseñada específicamente para asfixiar a los liderazgos comunitarios. Es imperativo recordar que la administración anterior dejó blindados los intereses de la oligarquía terrateniente mediante herramientas de criminalización explícitas, tales como la creación del Observatorio de la Propiedad Privada y la subsiguiente Fiscalía contra el Delito de Usurpación. Estas dependencias operan en la práctica como un brazo legal para legitimar el despojo histórico de tierras.
El verdadero fondo de la persecución contra Juracán, el CCDA y la Universidad Popular de los Pueblos no radica en la comisión de delitos, sino en su capacidad para develar e incomodar al poder. A través de rigurosos estudios antropológicos y revisiones registrales, estas organizaciones han demostrado de manera histórica que los pueblos originarios no son los «usurpadores». De hecho, de las 81 fincas que el CCDA ha logrado recuperar para las comunidades, 17 han sido restituidas por orden de la mismísima Corte de Constitucionalidad, evidenciando cómo diversos títulos de propiedad privados fueron montados sobre tierras indígenas mediante masacres, persecución y desplazamientos forzados del pasado. Desmantelar discursos oficiales y sacar a la luz casos de gran corrupción vinculados al despojo agrario —como el emblemático caso Génesis que investigó la CICIG— es lo que el sistema busca censurar a través de la inmovilización jurídica.
Frente a este panorama, la lectura desde el campo popular y rural es de una profunda cautela y decepción. Si bien figuras de alto perfil como la anterior fiscal general y otros operadores salieron de la escena pública, la base operativa, los fiscales intermedios y las prácticas de instrumentalización de la ley penal persisten sin mayores modificaciones. Las comunidades no claman por impunidad; demandan un Ministerio Público que reoriente su labor bajo principios estrictos de debido proceso, e incluso sugieren que se empiece a mirar y validar la efectividad e inmediatez de la administración de justicia ancestral frente a un sistema estatal engorroso, costoso y humillante.
La situación general de los defensores de la tierra y el territorio en Guatemala no ha mejorado en este nuevo periodo; al contrario, los datos de redes e instancias internacionales como la Coalición International de la Tierra (ILC) apuntan a un incremento en la gravedad y violencia de las agresiones. A pesar de que el ejecutivo actual aprobó una política pública para la protección de defensores de derechos humanos, esta sigue operando en el plano del discurso abstracto sin materializarse en los territorios. Ante la inacción y la falta de aplicación de la justicia real, proliferan en las áreas rurales grupos paralelos de choque, intimidación y dinámicas de desalojo forzado al margen de la ley.
La persistencia del acoso judicial contra Leocadio Juracán evidencia que la transición de nombres en las jefaturas de las instituciones no se traduce automáticamente en la democratización del Estado. Mientras el Ministerio Público continúe operando bajo la inercia de proteger privilegios históricos mediante la dilación y el castigo penal a la disidencia, la llamada «primavera» guatemalteca seguirá truncada en las fronteras de la ruralidad. La resistencia campesina e indígena, sin embargo, mantiene su voz firme: la lucha por la verdad histórica y la defensa de la Madre Tierra no se detendrá ante el desgaste de los tribunales.