Para entender el fenómeno hay que situarse en la escena primigenia. El Perú que recibe a Alberto Fujimori en 1990 es un país en ruinas: hiperinflación de más de 7,000% anual, violencia senderista que cobraba miles de vidas, colapso del Estado, descrédito absoluto de la clase política tradicional (APRA, Acción Popular, PPC). Es un momento de desamparo social: la sociedad queda sin garante simbólico. Esa es la condición de posibilidad del fujimorismo: no surge por convicción, sino por vacío. Es un síntoma, antes que un proyecto.
Fujimori —ingeniero agrónomo, nisei, provinciano, sin apellido oligarca— encarna algo que la clase política limeña no podía: la figura del outsider, del técnico que no huele a partido. Esa alteridad, paradójicamente, fue leída como autenticidad. El campo simbólico peruano —resentido con la «partidocracia» limeña, cholificada tras décadas de migración interna— se reencontró con una imagen que prometía no pertenecer al orden establecido.
El dispositivo psicoanalítico: el padre, la ley y la melancolía política
La demanda de un padre fuerte
En el imaginario latinoamericano, y muy especialmente en el andino criollo del Perú, persiste una estructura de demanda de paternidad política. La figura del caudillo no es un accidente: es la respuesta a un sujeto colectivo que no ha elaborado simbólicamente la ausencia de un Estado proveedor. El poblador migrante, el campesino empobrecido, el sector popular urbano no vota por un programa —vota contra la amenaza de desorden y por una promesa de protección.
Fujimori supo leer eso con una intuición casi clínica: aparecer en los noticieros a las 6 AM, recorrer barriadas, hablar un castellano modesto, mostrarse «trabajador». Construyó un Imaginario paterno de emergencia: un padre severo, eficaz, que pone límites —a los terroristas, a los «mala gente», a la inflación—. La ecuación inconsciente era simple: malestar = falta de padre; padre = mano dura.
Identificación con el agresor
El fenómeno que más cuesta explicar —y que vuelve con Keiko— es la identificación con el agresor que la teoría psicoanalítica describe (Ferenczi, luego Anna Freud). Los sectores que más padecieron la dictadura (pueblos awajún y asháninka durante la violencia senderista y la respuesta militar, barrios populares que vivieron el autoritarismo) son, paradójicamente, los que más reeditan el vínculo. ¿Por qué? Porque cuando el agresor se convierte en la única referencia de protección, el sujeto queda capturado en una relación de servidumbre libidinal: se odia al déspota, pero se teme más su ausencia. La libertad, sin garante, aparece como amenaza.
Melancolía y duelo no elaborado
Hay un componente melancólico: el Perú nunca procesó el duelo por las 69,000 víctimas del conflicto armado interno. La CVR (2003) fue leída por amplios sectores —incluido el propio Fujimorismo— como un «relato de los vencedores» o una «carta de ajuste a la izquierda». Ese duelo reprimido vuelve bajo la forma de la negativa: si no se reconoce el daño, no hay responsable; si no hay responsable, no hay culpa; si no hay culpa, el padre sigue siendo legible como «el que nos salvó del terrorismo». La autoexculpación colectiva funciona como anestesia moral.
Los factores socioculturales
El bipartidismo étnico y el «Perú de los dos»
El Perú reproduce un bipartidismo étnico soterrado (González Manrique, 1991; López, 2013). De un lado, una élite costeña, blanca-mestiza, limeña, vinculada al libre comercio, los medios y la academia privada. Del otro, los «Perús profundos»: andinos, amazónicos, cholos, migrantes, informalidad, comedores populares. Fujimorismo logró —y aquí está su verdadero talento— habitar los dos registros: tecnocrático y moderno para los primeros; populista y paternalista para los segundos. Keiko reproduce esta ambivalencia: PPK (Harvard) y Antauro Humala; la «inversión privada» y el «gas de Camisea barato».
El clientelismo como tejido social
En un país donde el Estado no llega o llega tarde, las relaciones sociales se estructuran en redes de reciprocidad asimétrica —lo que la antropología llama clientelismo vertical. Fujimori institucionalizó esto: programas sociales (vaso de leche, comedores) como moneda electoral; el «municipio fujimorista» como única vía de asfalto, título, partida. La Izquierda Unida de los 80 había intentado otra cosa, pero no llegó al aparato del Estado como lo hizo el fujimorismo.
La ética del «para que algo cambie»
Hay una racionalidad de supervivencia —no irracional, sino estratégica desde la precariedad— que dice: «Sí, robó; pero comí. Sí, mató; pero el terrorista ya no entra a mi pueblo.» Es la ética del cálculo en condiciones de desprotección estructural. Cuando el Estado no garantiza derechos, la transgresión moral del gobernante se relativiza frente a su capacidad de dar algo. Hannah Arendt lo formuló mejor que nadie: el mal se banaliza cuando se lo subordina a un fin percibido como vital.
La maquinaria del poder, factor determinante
Ningún análisis sociocultural basta si no se mira el dispositivo de poder:
- Los grupos económicos que apoyaron el autogolpe de 1992 y la Constitución de 1993 siguen vigentes. La Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el poder económico concentrado en Lima prefirieron un dictador funcional a una izquierda que amenazara sus intereses.
- Los medios de comunicación, especialmente la televisión de señal abierta (Canal 4, América TV, Willax hoy), que construyeron el régimen de visibilidad del fujimorismo. No fue solo propaganda: fue producción de realidad.
- El colapso del sistema de partidos —APRA destruido por su propia corrupción (Vladi Videos, narcoindultos), Acción Popular disuelto, PPC marginal— dejó a la derecha sin representación propia. El fujimorismo es la derecha peruana.
- Las Fuerzas Armadas, parte del pacto de 1992, garantizaron la continuidad mediante la «reconciliación» post-CVR y los indultos a procesados.
- La penetración del crimen organizado (Odebrecht, los Cuellos Blancos del Puerto, la red de Vladimiro Montesinos hoy reactivada) financia campañas, compra voluntades y captura fiscales y jueces. La lawfare contra Pedro Castillo y luego la lawfare contra fiscales anticorrupción son dos caras de la misma moneda.
Por qué Keiko, tres veces candidata
Keiko no llega por mérito propio. Llega por inercia simbiótica. El electorado fujimorista no vota por una mujer concreta, sino por el significante Fujimori —ese nombre que condensa toda la promesa de orden, mano dura y respeto*. Keiko ofrece la continuidad sin el riesgo de un nuevo outsider; es la marca, no la persona. Su biografía política —hija del dictador, primera dama, congresista, tres veces candidata— es la del sucesor dinástico, un patrón que la antropología política reconoce como característico de las democracias sin ciudadanos: caudillismo hereditario.
El voto anti-caviar, activado en 2011, 2016 y 2021, es la contracara del voto de clase media ilustrada limeña. Es un voto de resentimiento aristocratizante delator (Sloterdijk llama a esto resentimiento como reacción): «No me vengan con derechos humanos quienes nunca pisaron mi barrio.»
Los desafíos para los sectores progresistas y los pueblos organizados
La fragmentación como mal estructural
La izquierda peruana no ha podido consolidar una fuerza electoral durable posiblemente por estas razones:
- Ausencia de partido-escuela: a diferencia del PT brasileño o el Frente Amplio uruguayo, no hay organización que forme cuadros, acumule memoria y subsane ciclos electorales. Movimientos como el FREPAP, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, Perú Libre, Coalición por el Cambio son epifenómenos del ciclo, no construcciones.
- Competencia por el mismo segmento: cuando aparece un outsider de izquierda (Humala 2006, Castillo 2021), compite con los movimientos sociales por el mismo electorado, en lugar de articularlo.
- La fractura interna entre movimientos sociales y electoralismo: los pueblos organizados privilegian la lucha territorial (defensa del agua, derechos indígenas, derechos laborales) y suelen desconfiar de la «política electoral», que es exactamente donde se decide el poder del Estado.
La ausencia de un relato económico alternativo
El fujimorismo ha colonizado el imaginario de la estabilidad macroeconómica: crecimiento, inflación baja, tratados de libre comercio. La izquierda no ha logrado articular un modelo que no suene a retorno al estatismo de los 70. Es urgente construir un discurso de soberanía productiva, de transición ecológica justa, de economía plural (que dialogue con la economía comunal andina y amazónica).
La batalla por lo simbólico
Mientras el fujimorismo ofrezca un padre, la izquierda necesita ofrecer una madre (en clave Winnicottiana): sostenimiento, continuidad, posibilidad de ser. Eso significa:
- Construcción de escuelas políticas comunitarias (no ONG, sino espacios de politización).
- Narrativas que dignifiquen la informalidad sin romantizarla: los 12 millones de peruanos en economía informal no son «vagos», sino supervivientes de un sistema que los excluye.
- Justicia transicional con verdad y reparación efectiva: cerrar el ciclo 1990-2000 incluyendo las violaciones del propio Estado contra awajún, asháninka y mártires del SIVAM.
- Alianzas transversales con la clase media empobrecida, los sectores evangélicos (que votan fujimorismo por la «familia tradicional» pero también por el orden), los trabajadores formales jóvenes.
La organizativo de los pueblos como desafío
Las Rondas Campesinas, las comunidades campesinas y nativas, los gremios de transportistas y de construcción civil han demostrado capacidad de bloqueo (paros de 2022-2023), pero no de propuesta unificada. El problema de articulación plurinacional persiste: las agendas amazónicas, andinas y costeñas son distintas; la Confederación Campesina del Perú, CONACAMI, AIDESEP, CCP —no dialogan bajo un proyecto común. La izquierda sin movimiento social es electoralismo vacío; el movimiento social sin organización política es energía sin canalización.
La pregunta ética
Lo que el fujimorismo revela es que la democracia peruana ha funcionado como procedimiento sin sustancia: votamos, pero no decidimos; elegimos, pero entre opciones que ya están dictadas por el poder económico y mediático. La aceptación social del Fujimorismo no es, entonces, una patología aislada —es el síntoma de una democracia de baja intensidad, sostenida por una ciudadanía a la que se le niega la condición de sujeto político.
Mientras esa condición no se transforme —mientras no haya educación pública de calidad, mientras la prensa no sea libre ni diversa, mientras el sistema judicial siga capturado, mientras los pueblos no gobiernen los territorios que habitan—, el Fujimorismo no es una anomalía. Es el nombre de la regla.
La tarea progresista no es entonces «ganar la próxima elección», sino producir las condiciones subjetivas y materiales para que el Fujimorismo deje de ser legible como solución. Eso es, finalmente, un trabajo de décadas —educación, organización, narrativa, institucionalidad—, y no se construye en un ciclo electoral.